Cuernavaca, Mor.; a viernes 30 de julio de 2010.

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Acumula narco víctimas y la zona militar quejas por violaciones a los derechos humanos

Urgidos por legitimar su combate contra el crimen organizado, los militares montan retenes, catean casas, ranchos, pistas clandestinas de aterrizaje, decomisan armas, fortalecen su presencia en las calles pero no logran inhibir las ejecuciones que realizan los distintos cárteles del narcotráfico por la disputa del corredor Acapulco-Cuernavaca.
Las calles de Cuernavaca y su zona conurbada, así como municipios de la zona sur de la entidad son copadas desde hace siete meses por vehículos artillados, pero basta un descuido para que el crimen organizado ejecute a presuntos rivales y policías en sitios cercanos a las bases militares y comandancias policiales del orden municipal, estatal y federal.
Así sucedió el 20 de junio cuando dos grupos armados emboscaron a los tripulantes de la patrulla 02871, a escasos 100 metros de la comandancia de la 24 zona militar. Al paso de los días crece el número de víctimas por la lucha que libran los grupos delictivos, pero también aumenta la cifra de quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos.

Justino Miranda
SinLínea
Frente a un grupo de reporteros el general soltó: ¿Por qué la gente pide el retiro del Ejército de las calles y no pide la salida de los narcotraficantes? La respuesta la ofreció el mismo Comandante de la 24/a. Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez, el último día de junio al llamar a los soldados "a cumplir con su encomienda sin cometer excesos que pongan en riesgo la seguridad y la vida de la población civil".

Siete días después la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) acentuó los señalamientos contra los soldados dio a conocer el número de quejas contra militares por violaciones a las garantías individuales. De las 24 quejas recibidas, 21 son contra soldados, tres para elementos de la Policía Federal y uno para agentes de la PGR.

Entre la relación de asuntos documentados por la CDHM se encuentran quejas que van desde privación ilegal de la libertad, allanamientos de moradas, robos de objetos, golpes, lesiones, tortura, actos de molestia, detención arbitraria y obstrucción a la libertad de tránsito.

Pero el señalamiento más contundente contra los militares ocurrió en septiembre de 2009 cuando la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos denunció el asesinato del civil Oswaldo Sánchez Cabrera, detenido en un reten instalado en el tramo Alpuyeca-Cuernavaca, quien aparentemente protestó por la revisión corporal y eso motivó que un militar lo matara de un disparo. El caso tiene fecha del 21 de septiembre de 2009.

Otro caso es la denuncia de Rafael Garduño García ante la CEDH por el asesinato a fuego cruzado de la señora Patricia Terrova de Pintado, en el operativo que realizaron militares e infantes de la Marina en el fraccionamiento Los Limoneros, el 11 de diciembre de 2009, cuando pretendieron detener a Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, en una narcoposada.

El tercer caso corresponde a la queja de la señora Andrea Martínez Jaimez, debido a la privación de la vida de su esposo Ignacio Aguilar Rodríguez, quién trabajaba en una camioneta donde repartía tortillas y al pasar por los condominios "Altitud", el día que los marinos abatieron a Beltrán Leyva, el 16 de diciembre de 2009, hizo caso omiso al alto que le marcaron los militares y le dispararon.



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