«Ojalá la pena de muerte estuviera al fin abolida y por medio del régimen penitenciario pudiéramos aspirar a la redención del delincuente. Pero mientras esto no sea tenemos […] que pedir que las leyes se cumplan para impedir que el crimen se propague y se aliente por medio de la impunidad».

Con variantes según el caso, en 2012 esta frase podría atribuirse al presidente Felipe Calderón; los precandidatos a gobernar el Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace y Miguel Ángel Mancera; al Partido Verde Ecologista de México o al líder de pepenadores Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así como a varios periodistas y medios.

Pero proviene de un editorial publicado en 1883 por El Monitor Republicano ―gran diario liberal decimonónico― y quien la rescata es la historiadora Claudia Canales en El poeta, el marqués y el asesino. Historia de un caso judicial [Era, 2001, p. 63].

Al documentar los pormenores contextuales del proceso contra el carretonero Agustín Rosales por el asesinato del aristócrata Manuel Bolado en el Centro de la Ciudad de México [1874], Canales retrata con eficacia sobrecogedora la nula credibilidad del Poder Judicial; la ineficacia y corrupción del sistema de justicia, incluido el penitenciario; los sinsentidos del marco normativo; el peso del clamor «popular», reprocesado por los diarios; la potencia erosiva de los «juicios mediáticos», y cómo la clase política medraba con ese caos, contribuyendo a minar el sistema penal ―¡nada de lo que no sepamos!

La frase de El Monitor Republicano me impresionó porque, más de un siglo después, cuadra con la argumentación predominante entre quienes dentro y fuera del sistema de justicia penal mexicano se resisten hoy a la reforma iniciada en 2008.

Dicha argumentación puede resumirse en este silogismo: si se respetara la ley, los funcionarios trabajaran y no hubiera corrupción, el modelo inquisitivo de justicia bastaría y sería innecesario un cambio hacia el modelo acusatorio; aparte, como tal reforma, conforme se implementa, no está resolviendo el burocratismo, la corrupción y la impunidad, no sirve, de modo que es mejor aferrarnos a las certezas del viejo modelo.

En noviembre, por ejemplo, durante un taller de periodismo en Monterrey, un colega me reprochó que al implementarse el modelo acusatorio serán liberados homicidas confesos, como ocurre ya, según él, en Chihuahua y Baja California, y que en eso coinciden abogados y fiscales. Mi respuesta fue que,

1) Sin duda, la reforma constitucional de 2008 incluye contradicciones ―por caso, en el Artículo 20 garantiza de manera expresa la presunción de inocencia, y en el 16 da rango constitucional al arraigo―, pero eso no la invalida, la vuelve perfectible;

2) hablar de «homicidas confesos» en las actuales circunstancias omite la afirmación de Amnistía Internacional en cuanto a que en México la tortura «sigue siendo una práctica sistemática, generalizada e impune a nivel federal, estatal y municipal», y «el abuso físico, psicológico e incluso sexual, se usa para extraer confesiones o información durante los interrogatorios ministeriales o interrogatorios practicados por elementos militares u otras autoridades» [No más «pagadores»…, pp. 20-21].

3) el modelo acusatorio no terminará por sí mismo con el burocratismo, la corrupción y la impunidad imperantes en el sistema de justicia penal mexicano; es apenas una plataforma para que en nuestro país se materialice el derecho a la justicia penal;

4) la reforma penal exige la profesionalización de policías, fiscales, defensores públicos, jueces y periodistas, quienes estamos cautivos del modelo mental inquisitorio; y

5) si los periodistas queremos un sistema más eficaz y justo, que se enfoque en la restitución a la víctima y el castigo justo al victimario, así como en el respeto al debido proceso, tenemos que erigirnos en acuciosos vigilantes de su plena transformación.

A finales del siglo XIX, en el editorial mencionado El Monitor Republicano proponía básicamente ejecutar ya la sentencia de muerte contra Agustín Rosales no tanto por un acto de justicia, sino básicamente de lección a la sociedad. Entrado el siglo XXI seguimos atrapados en lo mismo.

Con sus deficiencias, la base constitucional para un sistema más justo ya está. Ahora implementarlo y perfeccionarlo, lo cual exige ayudar desde el periodismo a la transformación de la cultura que nos mantiene anclados en la presunción de culpabilidad. En cuanto al gremio periodístico y los medios, hay diversas iniciativas que trabajan en esa ruta; aprovecho para dar cuenta de dos acciones en puerta:

 Enero 27 y 28, Pachuca: Taller de Periodismo Sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio [USAID, Insyde, Instituto de Justicia Procesal Penal]

 Febrero 1, Mexicali: presentación de No más «pagadores». Guía de periodismo sobre presunción de inocencia y reforma del sistema de justicia penal [Open Society Justice Initiative e Instituto de Justicia Procesal Penal]

Nos vemos allá.